viernes, 24 de febrero de 2012

SI QUITAMOS LAS PENSIONES TRUCHAS SOLUCIONAMOS EL PROBLEMA

Entre honores y beneficios, las sospechas de corrupción

Lo que habría que averiguar es a qué agujero negro (o a qué bolsillos) van parar las otras miles de pensiones graciables. Carlos Paillet.

Nota I
El abogado y constitucionalista Antonio María Hernández patrocina en sus demandas judiciales a ex combatientes que durante la Guerra de Malvinas estuvieron asignados a lo que podría denominarse la “retaguardia inmediata”; es decir, la defensa de la zona continental marítima comprendida entre Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.
A esos ex soldados no se les reconocen todavía los mismos beneficios previsionales que sí tienen los que fueron destinados a la zona misma de combate y estuvieron físicamente en el archipiélago.
La petición judicial que lleva adelante Hernández se basa en argumentos sólidos. Por caso, cita la Convención de Ginebra, que considera como veterano de guerra a todo aquel que estuvo “convocado” durante una situación bélica. Es decir, abarcaría a los oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas que fueron acuartelados, aunque no llegaran a la zona de Malvinas.
Sin embargo, el abogado defiende a los efectivos que, incluso convocados, se quedaron en la referida “inmediata retaguardia”, incluida en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (Toas).
Pero desliza un dato que no por formar parte de una vieja y lamentable sospecha deja de ser relevante: “¿Sabe cuántos efectivos estuvieron en Malvinas? 10 mil”, pregunta y se responde Hernández.
Y agrega a la fórmula: “¿Sabe cuántos cobran pensiones como si hubieran estado en Malvinas? 25 mil”.
¿Por qué semejante diferencia?, se le consulta intuyendo de antemano la respuesta: “Porque el grado de corrupción es brutal. Se debe investigar la magnitud de las irregularidades que hay en este tema”, enfatiza.
Los ex combatientes que mantuvieron una entrevista con este diario (ver “No estuvieron…” ) y que han quedado al margen de los beneficios posguerra dicen que los veteranos reconocidos perciben mensualmente el valor de tres haberes de una jubilación nacional mínima, es decir unos 4.800 pesos.
Además, cuentan con prerrogativas dispuestas por las provincias en las que residen y también tienen la cobertura sanitaria de la obra social del Pami. Nada de esto es cuestionable ni es materia de discusión.
Lo que habría que averiguar es a qué agujero negro (o a qué bolsillos) van parar las otras miles de pensiones graciables.
Esta presunta “estafa” ya la habían planteado los propios veteranos de guerra, cuando denunciaron que el Estado perdería alrededor de 20 millones de pesos al año por pagos indebidos a personas que no tuvieron ningún vínculo con el conflicto de 1982.